La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular, Esperanza Aguirre, mostró en el debate sobre el Estado de la Región como las bases neoliberales extremas que han sustentado su política y las repetidas mayorías absolutas que parecían transformarla en invencible empiezan a languidecer.
El debate se produjo sin que ninguna de las dos medidas estrellas lanzadas el año pasado hayan podido ser cumplidas. El macro complejo industrial y turístico que prometió sigue en el cajón y, por suerte, la cacareada privatización de la empresa que garantiza el servicio público de aguas (Canal de Isabel II) no se ha producido.
Ladrillos, empleo de bajísima calidad pero suficiente, endeudamiento público abultadísimo (12 mil millones de euros), aliñado con importantes tasas de crecimiento y la absorción más del 90% del conjunto de la inversión extranjera que se lleva término en España han permitido una política de transferencia in disimulada de recursos públicos a favor de las grandes compañías y fortunas; todo ello sobre la base de una privatización generalizada sobre todo en los servicios públicos y especialmente en sanidad, educación y atención a las familias (el 50% de los presupuestos de gasto social está gestionado por empresas privadas). La ya no pasajera crisis económica y sus efectos sobre las bases de esta política, con los escándalos de corrupción y espionaje que han dado en la línea de flotación al Partido Popular madrileño, están dejando a la presidenta sin gasolina para su motor neocon.
El debate de los días 15 y 16 de septiembre nos mostró a una Aguirre falta de propuestas, que no gastó más de 30 segundos para referirse a los más de 440 mil desempleados que hay hoy en Madrid. Incapaz de formular una sola idea que permitiera señalar que la máxima responsable de las políticas sociales y de la parte del león de todo el gasto en la Comunidad tiene algo que decir aparte de “un más de lo mismo”. Dos iniciativas sacadas de la manga fue lo único que se balbuceó desde la tribuna: una ley para dar autoridad a los profesores y otra sobre la libre elección de médico.
Sobre lo primero, la comunidad educativa no ha tardado mucho en apuntar que “armar de autoridad” a los maestros resulta imposible mientras se degrade la educación en la forma constante en que se hace. Madrid es la penúltima comunidad en gasto educativo, pero en cambio se sitúa la primera en PIB. Las escuelas necesitan que se reduzcan el número de alumnos por clase y desarrollar programas y medios especiales. Además, los sindicatos y las asociaciones de padres han recogido más de 500 mil firmas a favor de la convivencia en las aulas, cuestión que ni se mencionó como tampoco la posible sentencia judicial contraria a la Comunidad en estos asuntos. La ley de ahora sólo constituye una cortina de humo para tapar problemas.
La segunda medida resulta simplemente inaplicable. Imagínese por un momento que 3 millones de madrileños, en la Comunidad hay más de 6, quisieran acudir al mismo médico. La supuesta libertad de elección a la que Aguirre trata en realidad de organizar bajo tal nombre un conjunto de medidas que desarticulen la atención primaria, introduzcan objetivos económicos en las consultas y orillen a los enfermos crónicos y los pacientes más “caros”. Aspectos todos estos que no dejan de denunciar los sindicatos y las asociaciones en defensa de la sanidad pública desde hace tiempo.
Este panorama indicaba a las claras que el motor neoliberal extremo empieza a griparse y dejaba al partido socialista, principal fuerza de oposición, y a Izquierda Unida campo expedito para defender otra política, otro modelo de crecimiento, en definitiva, otro Madrid.
Desgraciadamente los bien construidos discursos de la oposición no llegaron a más. El boxeador neoliberal está ya tocado, pero la izquierda no termina de rematarlo en las propuestas.
Varias son las razones de ese hecho. La primera radica en que la propia izquierda, tras la “paliza” electoral recibida en las últimas elecciones europeas que se suma a las que lleva cosechando los últimos tres lustros, no se ve capaz de proponer realmente una propuesta alternativa al modelo que ha imperado; así, continua aferrada a la justa y necesaria critica con sólo algunas pinceladas de tímida propuesta. Hay grandes dudas. Aún no se siente que es precisamente la crisis económica, hija del modelo neoliberal, “la excusa necesaria” para formular el cambio de rumbo que hace falta. Un cambio que las distintas campañas en defensa de la educación, de la sanidad o del medio ambiente, pero que sobre todo los sindicatos, ponen día a día sobre la mesa ante la pérdida generalizada de derechos, empezando por el empleo.
La segunda de esas razones es, precisamente, la división de la izquierda. No se trata de “buscar una catarsis catecúmena”, si no de algo mucho más sencillo: de unir para hacer creíble lo que se defiende. Esa falta de unidad tiene también en las últimas derrotas electorales un buen aliado. Se sigue pensando más en salvar los muebles de cada uno sin ver que hay que poner remedio a la gotera. Hace falta unidad en las propuestas ante cuestiones básicas como sanidad, educación, dependencia o empleo. Unidad entre las fuerzas parlamentarias y de éstas con los sindicatos y con las principales entidades que responden al neoliberalismo extremo. Sin ello, no es posible deshacernos de esa política neocon. Si queremos cambios, éstos deben darse a todos los niveles. El debate también ha demostrado que sin esa unidad no se puede pasar de un discurso, por muy bueno que sea, a ese otro estadio imprescindible: organizar el cambio hacia la izquierda que necesitamos. Un cambio para el que no sobra nadie, sino que aún faltan muchos.