El pasado día 15, los sindicatos de la policía hacían pública una orden de la jefatura superior de Madrid según la cual en cada distrito los agentes debían efectuar un cupo determinado de detenciones de inmigrantes indocumentados en plena calle. Más aún, se premiaba con días libres a aquellos agentes que cumplían con los cupos marcados.
El pasado día 15, los sindicatos de la policía hacían pública una orden de la jefatura superior de Madrid según la cual en cada distrito los agentes debían efectuar un cupo determinado de detenciones de inmigrantes indocumentados en plena calle. Más aún, se premiaba con días libres a aquellos agentes que cumplían con los cupos marcados. Paralelamente apareció en los medios de comunicación una orden escrita en el mismo sentido y procedente de la Comisaría de Vallecas.
Al día siguiente, el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su comparencia parlamentaria comenzó indicando que se había comprendido mal la orden, para concluir que no había instrucción alguna de detener a inmigrantes en la calle, a menos que mediase sospecha de haber cometido algún delito. Y añadió que iba a cursar un orden expresa de que no habría cupos de detenciones. Pero, sencillamente no es cierto.
Desde hace años la policía en Madrid pide continuamente la documentación a aquellas personas que por el color de la piel o por los rasgos de su rostro tienen aspecto de extranjero, ya se trate de trabajadores, de amas de casa, de indocumentados o de gente con los papeles en regla. La acción policial suele transcurrir a la salida de las estaciones del metro de aquellos barrios con significativa presencia extranjera. Los indocumentados suelen ser conducidos a los CIE hasta que salen en libertad con una orden de expulsión en el bolsillo.
Este acoso policial es claramente racista y toma nuevos significados en la medida en que avanza la crisis económica. En efecto, pues las detenciones indiscriminadas cumplen un doble objetivo. Por un lado, se trata de amedrentar a los inmigrantes, de disciplinarlos. Por otro, puesto que una política de expulsiones masivas resulta inviable, el acoso policial a los extranjeros va destinado al consumo de la población autóctona, en la medida en que las detenciones infunden el miedo y hace que los emigrantes se retiren de la calle y se refugien en sus hogares. Dicho de otro modo, el acoso policial permite invisibilizar a los inmigrantes en tiempos de crisis.
Las organizaciones de inmigrantes y las entidades de solidaridad han denunciado este tipo de hechos en diversas ocasiones, pero la izquierda debiera ser más activa en la defensa de los derechos de estos trabajadores que desde el exterior han venido a trabajar a Madrid y a todo el territorio del estado Español.