David Companyon

No es de extrañar que las reivindicaciones de las concentraciones se hayan centrado en exigir más vivienda pública, más vivienda de alquiler y más barata (gravando con impuestos los más de tres millones de viviendas vacías) y combatir los abusos del sector inmobiliario, de la cultura del ladrillo, a la cual se han plegado (cuando no vendido) los poderes públicos.

Por primera vez numerosos colectivos se ha unido a una convocatoria hecha por sms y correos electrónicos. El objetivo de la convocatoria, que se ha extendido a más de 50 ciudades de todo el Estado, es denunciar la imposibilidad para la inmensa mayoría de jóvenes de poder acceder a una vivienda, la “selva” inmobiliaria (constructoras, bancos, apis….) que hipoteca la vida de los jóvenes o el acoso inmobiliario.

Este “movimiento” está apareciendo cada vez más estructurado y utiliza la calle como escenario de sus reivindicaciones. Lo componen básicamente jóvenes estudiantes, “mileuristas”, precarios, “okupas”… con una reivindicación común: el derecho a una vivienda digna.

Cualquier estadística nos muestra hasta que punto el “lobby” inmobiliario se ha adueñado de las ciudades convirtiendo la vivienda en la principal preocupación después del paro. Si está realidad se compara con el hecho que jamás en España se había construido tanto (800.000 vivienda el año 2005 y el 2006 también va camino de récord) podemos concluir que en España no hay un problema de vivienda, hay un gravísimo problema de acceso a la vivienda, especialmente de aquellos sectores pertenecientes a las clases trabajadoras. Y garantizar el derecho al acceso a la vivienda es una obligación de los poderes públicos, de las administraciones.

A la situación actual han contribuido sin duda los ocho años de gobierno Aznar, que bajo el ministro Álvarez Cascos, aplicó en su máxima expresión la recetas neoliberales dejando a los intereses del mercado la política de vivienda, fomentando la especulación del suelo y reduciendo al mínimo los planes de vivienda pública. Esa visión, desgraciadamente, es compartida por no pocos sectores del partido socialista.

En Comunidades autónomas como Catalunya, donde durante 23 años de gobiernos conservadores la política de vivienda fue inexistente, la situación es, simplemente, de “emergencia social”. Dos datos: el alquiler medio en Barcelona es de 810 € i el precio medio de una vivienda de compra es de 500.000 €.

Uno de los efectos más visibles de esa “dejación” (añadiríamos que totalmente interesada) de los poderes públicos ha llevado a la situación de “estrangulamiento” actual: centenares de miles de viviendas vacías y, a la vez, centenares de miles de personas sin poder emanciparse de sus familias, compartiendo la vivienda de forma forzada, viviendo en condiciones de infravivienda o simplemente dedicando al pago de la vivienda más de 50% de sus ingresos.

No es de extrañar que las reivindicaciones de las concentraciones se hayan centrado en exigir más vivienda pública, más vivienda de alquiler y más barata (gravando con impuestos los más de tres millones de viviendas vacías) y combatir los abusos del sector inmobiliario, de la cultura del ladrillo, a la cual se han plegado (cuando no vendido) los poderes públicos.

Esta movilizaciones no han sido muy masivas, quienes las han querido desacreditar las han comparado con las convocatorias de “botellones”, pero son el reflejo de un hondo malestar, cada vez más creciente, en la sociedad y esa presión, de la cual las manifestaciones sólo son una expresión, es clave para un cambio de rumbo real en la política publica de vivienda.

Cosas que es necesario cambiar: El Estado (y las Comunidades Autónomas) el 85% del presupuesto en materia de vivienda lo destina a las bonificaciones fiscales en la renta, así como ayudas a la entrada, siempre para la vivienda en compra. La construcción de vivienda protegida se basa exclusivamente, en la financiación de los bancos y cajas, de tal manera que en última instancia el acceso a la vivienda está en manos de los intereses bancarios (que como todo el mundo sabe es el interés más desinteresado) y, lógicamente, pueden decidir donde se construye o no, pueden decidir no subrogar la hipoteca a cualquier ciudadano que no les ofrezca las garantías suficientes.

Podríamos seguir con una larga lista de ejemplos que nos llevarían a concluir que no basta con una medida de maquillaje como ha hecho Zapatero con el Ministerio de la Vivienda, pues lo que está haciendo es, básicamente, gestionar las mismas políticas liberales sin aplicar un plan de choque que permita el acceso de centenares de miles de ciudadanos. Es simplemente ridículo que ante la situación actual todo el activo del Ministerio sea haber alquilado (¡en condiciones casi de mercado!) 1.200 pisos a través de la carísima Sociedad Pública del Alquiler, un Plan de la Vivienda centralizado donde los precios de la vivienda son prácticamente los mismos en Extremadura que en Madrid o Catalunya, ninguna medida que ponga freno a un sector inmobiliario que en Marbella ha dejado a las claras de que es capaz y con que métodos o que obligue a los propietarios de los casi 3 millones de pisos vacíos a ponerlos en el mercado de alquiler.

La futura “Ley del Derecho a la Vivienda” realizada por el Gobierno catalán, actualmente fase de discusión en el Parlamento catalán, insiste en ese concepto de derecho básico aplicado a la vivienda (de la misma manera que se aplica a la educación o a la sanidad) y la obligación de las administraciones públicas que garantizarlo.

Sobre esa base, la futura ley establece una batería de medidas: la obligación de todos los municipios de más de 10.000 habitantes de tener un 20% de vivienda pública, establecer el periodo de protección durante 90 años y la prohibición de descalificarlo, la obligación de poner en el mercado de alquiler las vivienda que incumplan su función social, las adjudicación de la vivienda protegida mediante un registro público y transparente, la obligación para los promotores privados de reservar un 20% de las nuevas viviendas o grandes rehabilitaciones de edificios a vivienda protegida en el llamado suelo urbano consolidado, el derecho a la ciudad entendido como el derecho a ciudadanía.

Sin duda, esta nueva movilización ha de ayudar a que esta Ley, pionera en el Estado Español en muchos aspectos, se vote positivamente en la actual legislatura a pesar de todas las trabas que el PP y CiU han anunciado para impedir su aprobación o el distanciamiento de ERC, que a pesar que ha participado activamente en su elaboración, algunos sectores prefieren que no se apruebe como “castigo” por su salida del gobierno catalán. Sería un profundo error, el problema de la vivienda es tan grave que no debería aplazarse ninguna iniciativa que ayude a su resolución.

Miles de jóvenes reclaman una vivienda asequible