Las 42 entidades que aparecen en este documento han decidido echar un pulso a favor de los derechos de ciudadanía.. Ahora que se recorta lo público, ahora que se ataca sindicatos, precarios o inmigrantes, a los empleados del metro. En este Madrid en el que estalló el experimento neoliberal del PP con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón a la cabeza, no todo es despiste y somnolencia. En este Madrid, duro y áspero, la defensa de la educación y la sanidad, la defensa de una memoria democrática, la defensa de un entorno sostenible, la defensa de la plena igualdad, de una renta básica o del derecho a la información, se transforman en una bandera capaz de unir cosas tan diversas como UGT, CCOO, las Unión de Consumidores, el Sindicato de periodistas o la Coordinadora verde y, entre todos, redactar un conjunto de derechos con los que se desbroza el camino de ese otro Madrid posible que contra el neoliberalismo respira en cada campaña, en cada poro de cada una de las asociaciones que lo han hecho suyo.
Hay sitio para más. Así que si alguien conoce entidades de Madrid, grandes o pequeñas que quieran sumarse a la “guerra por la ciudadanía” que lo hagan saber a: forosocialmadrid@yahoo.es
Nosotras y nosotros, movimientos, actores sociales y asociaciones convencidos de que representamos una parte fundamental del tejido asociativo de nuestra Comunidad, convencidos de que una sociedad de progreso es aquella que coloca a las personas en el centro, redactamos esta carta con el objetivo de que las éstas y sus derechos sean lo primero.

Afirmamos, contra lo que el Gobierno autonómico y buena parte de los ayuntamientos nos quieren hacer creer, que no son los servicios públicos, ni la protección social, ni los delegados sindicales, ni las personas inmigrantes, ni quienes poseen un contrato precario y, menos aún, quienes pierden su trabajo, los responsables de esta crisis y sus graves consecuencias.

Son las políticas neoliberales extremas que sufrimos las que están creando una realidad desoladora. En la última década, la riqueza de quienes vivimos en la Comunidad de Madrid ha descendido un 4,8%, la industria ha retrocedido más de 5 puntos, mientras el desempleo ha crecido hasta las 572.000 personas, bastante por encima de la media estatal. De ellos, 174.600 empleos entre los jóvenes menores de 35 años. En educación y sanidad, donde la inversión madrileña es prácticamente, la mitad de la que se realiza en comunidades como la extremeña, la transferencia al ámbito del negocio privado de recursos públicos alcanza cifras de escándalo. Una tendencia ésta que, lejos de cambiar, se profundiza a través de los presupuestos presentados en la Asamblea de Madrid para el año 2011 y de la reciente Ley de Acompañamiento de los mismos, auténtica “Ley mordaza” que, a finales de 2010 extinguirá en la Comunidad de Madrid los únicos órganos de participación de las mujeres, de la juventud, del funcionariado, del pueblo gitano, de quien caza, de quien pesca, de los bomberos, de las mujeres maltratadas, del empresariado, de trabajadoras y trabajadores de la Industria y del Turismo, de los cooperativistas, de la economía social, de los estudiantes universitarios, de los agentes forestales, del personal sanitario y usuario de la salud, del voluntariado, de las ONG y de las organizaciones de los servicios sociales.
Frente a un escenario de auténtico 'maltrato social' que deteriora la democracia, hacemos este esfuerzo desde nuestra condición de espacio de encuentro y articulación de la ciudadanía madrileña. Creemos que ha llegado la hora de defender los derechos conseguidos, de recuperar los perdidos y de avanzar hacia otros nuevos.
Poseemos derechos en todas las etapas de la vida, desde la infancia que ve lastrado su futuro individual y comunitario, hasta el colectivo de mayores, que siente amenazado un bienestar ganado a pulso por los retrocesos en las políticas de pensiones y la atención a la dependencia. Desde la juventud, privada de una educación de calidad y abocada al trabajo precario, hasta una comunidad adulta atrapada en el vértigo de la explotación e inseguridad laborales, los servicios públicos menguantes y el recorte cotidiano de libertades.
Creemos en una sociedad que sitúa a la persona en el centro y que garantiza el ejercicio pleno de la ciudadanía con independencia de género, raza, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.
Fruto de esa actitud, y como resultado de un amplio y plural proceso de participación con aportaciones desde buena parte de los ámbitos de nuestra compleja y diversa realidad, el Foro Social de Madrid propone la siguiente Carta de la Ciudadanía (Carta de Derechos Ciudadanos) de la Comunidad de Madrid.
Ésta es una carta forzosamente inconclusa y por tanto, abierta. Una carta pensada para ser enriquecida y por eso seguimos reclamando la colaboración y participación de todas aquellas entidades interesadas en ello.

DERECHO A LA SALUD

Las políticas presupuestarias de la Comunidad de Madrid de los últimos años suponen una renuncia a la mejora de la asistencia sanitaria pública. El presupuesto de la Consejería, cuyo 50% está ya regentado directamente por manos privadas, no ha dado respuesta al incremento de las necesidades sanitarias de los madrileños. Las nuevas infraestructuras sanitarias costarán a las arcas regionales la friolera de 3.500 millones de euros, mientras sólo aportan, además de caos, 94 nuevas camas para una población que ha crecido en decenas de miles de personas en los últimos años.
El presupuesto sanitario debe alcanzar de manera urgente al menos el 5,5 % del PIB Regional.

La ciudadanía tiene derecho a la salud entendida como el bienestar físico, mental y social. Es obligación de los gobiernos velar porque este derecho sea realidad mediante la aplicación de medidas preventivas, prestaciones sanitarias o con los servicios necesarios para ello.
Derecho a una asistencia sanitaria de calidad, equitativa, gratuita en el momento de uso, con carácter redistributivo, como reconoce nuestro Sistema Sanitario Público.
Derecho de la ciudadanía a participar en la planificación de los recursos sanitarios y en el control de los mismos, a través de los medios legales existentes.

Derecho a disfrutar de los cuidados socio sanitarios en situaciones de dependencia física o psíquica.
Derecho a una promoción de vida saludable, entendida como promoción del medio ambiente saludable, seguridad alimentaria y promoción de costumbres y usos saludables.

Derecho del hombre y la mujer a la atención de la salud sexual y reproductiva con el acceso a la información y al uso de los métodos seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles que permitan su planificación.
Derecho a que se implante, desarrolle y potencie un modelo de atención de base comunitaria, apoyado en una red integrada de dispositivos con los centros de salud mental como ejes de la atención, dotados de equipos multidisciplinarios capaces de dar una respuesta integral a todos los problemas de salud mental y en cuya planificación, organización y gestión tengan un papel relevante las asociaciones de usuarios, familiares y profesionales.
Derecho a una red sanitaria única que integre a los dispositivos de atención a la salud mental, a las drogodependencias y a la rehabilitación psicosocial, que funcione con un modelo de atención territorializado con responsabilidad asistencial plena sobre todos los problemas y trastornos mentales.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Más de 25.000 Familias están a la espera de una plaza en una escuela infantil pública. Las cantidades destinadas a la financiación de los distintos conciertos con los centros educativos privados, supone más del doble del incremento del presupuesto total de la Consejería. Esta cifra y sus incrementos anuales no admiten comparación con las que se destinan a inversiones para nuevos centros públicos, la mejora de los ya existentes, o a nuevo profesorado, todo lo cual mantiene la desventaja en la que se encuentra la enseñanza pública con respecto a la privada. A la vez, y sin disimulo, se afianza un modelo universitario privado.

Derecho a una educación pública, universal, gratuita, equitativa, inclusiva, laica, participativa y de calidad. Este derecho se deberá garantizar a través de una Ley de Financiación.

Derecho una Red de Centros Públicos que garantice un número de plazas igual o superior a la media de la necesidad de plazas escolares, en los últimos diez años, de la zona.

Derecho a la evaluación continua y externa del Sistema Educativo.

Derecho a la coordinación y cooperación de la Administración Central, Autonómica y Local, entre ellas y, con la Comunidad Educativa y la Sociedad Civil en el diseño y ejecución del modelo educativo.
Derecho a la formación continua de los ciudadanos a lo largo de sus vidas
Derecho del profesorado a un estatuto docente.

Derecho del alumnado a recibir una educación acorde con su individualidad y la sociedad en la que convive.

Derecho y deber de los padres y madres a participar en los órganos y espacios públicos educativos en igualdad de condiciones que el resto de la Comunidad Educativa, con independencia de su procedencia, condición social, cultural y recursos económicos.

Derecho a garantizar por ley la financiación de la Universidad Pública Madrileña.

Derecho a una Red Pública de bibliotecas que establezca un punto de servicio (biblioteca) por cada diez mil habitantes, garantizando el servicio en la proximidad.

DERECHO A UN TRABAJO DIGNO

En este contexto de crisis, los jóvenes menores de 35 años junto a las personas inmigrantes son los más afectados por la destrucción de empleo. En los últimos dos años, los Expedientes de Regulación de Empleo en la Comunidad de Madrid se han multiplicado por 4 y los trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo han aumentado en un 420%. Son necesarios más derechos y políticas públicas para reinvertir esta situación.
Es deber de la Administración tomar medidas a favor de la creación de empleo directo. Con ello, no sólo se mitigaría de manera significativa el problema del desempleo y la desestructuración social, sino que a la vez se generarían servicios fundamentales para el desarrollo de la condición ciudadana (sanidad, educación, dependencia, etc.).

Reclamamos:
Potenciación de los servicios públicos de gestión directa como medida generadora de empleo y de calidad de los derechos sociales.

Creación de empleo público para hacer frente a las necesidades sociales, como la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, la extensión de la educación infantil y la mejora de los servicios públicos sanitarios.

Creación directa de empleo por parte de la Administración mediante el impulso de la obra pública, rehabilitación de viviendas y la realización de servicios esenciales vinculados a la educación, la sanidad y atención a la dependencia.

DERECHO A UNA RENTA BÁSICA

El mantenimiento de ingresos es un factor clave para la salida de la crisis. Por ello, ante el incremento del desempleo y el aumento del paro de larga duración, es necesario el desarrollo de medidas y derechos que colaboren activamente en el mantenimiento de la dignidad de las personas.

La Comunidad de Madrid garantizará al conjunto de toda la población de la Comunidad la percepción de una prestación denominada Renta Básica de Ciudadanía (RBC).

La Renta Básica Ciudadana tendrá carácter de derecho subjetivo y se prestará de forma individual e universal.

El derecho a la percepción de la RBC tendrá un carácter eminentemente incondicional, solamente sujeto a la condición de residencia permanente en la Comunidad de Madrid

La Renta Básica Ciudadana podrá reemplazar totalmente a cualquier otra prestación no contributiva de igual o menor cuantía, o a la parte correspondiente de una de mayor cuantía. En todo caso, el establecimiento de la Renta Básica Ciudadana no implicará para ninguna persona una pérdida de su poder adquisitivo derivado de prestaciones públicas, ni conllevará en ningún caso la pérdida de derechos adquiridos relativos a prestaciones contributivas.

DERECHO A UNOS IMPUESTOS JUSTOS Y SUFICIENTES

La política fiscal del Gobierno Regional se caracteriza desde el año 2003 por una bajada constante de los impuestos, favoreciendo sobre todo a las rentas más altas, lo que nos ha llevado a una crisis fiscal sin precedentes. En el año 2010 la Comunidad de Madrid dejará de ingresar 2.100 millones de euros. Las pérdidas por regalos fiscales del año 2009 alcanzaron los 2.718 millones de euros. Esta política de regalos fiscales beneficia apenas al 10 por ciento de los 3,3 millones de contribuyentes.
Es necesario perseguir el fraude fiscal.

Derecho a una política fiscal basada en el predominio de la imposición directa que grava renta y patrimonio, frente a la imposición indirecta que grava el consumo.

Derecho a la progresividad en el tramo autonómico del IRPF.

Derecho ciudadano a participar en la elaboración de los presupuestos y en la definición de las prioridades del gasto a través de los mecanismos de unos presupuestos participativos.

DERECHOS AMBIENTALES

La Actual política de la Comunidad de Madrid y de la mayoría de municipios degrada el medioambiente en pos de un aparente crecimiento que depreda el territorio, a la par que es incapaz de satisfacer las “necesidades” en nombre de las que supuestamente se lleva a cabo.

Derecho a disfrutar de un medio ambiente de calidad que no perjudique la salud, así como a disponer de los elementos necesarios para vivir sin dañar el medio. La administración regional debe tomar todas las medidas posibles dentro de sus competencias para contribuir a garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo, y la lucha contra el cambio climático.

Derecho al acceso al agua potable y a disfrutar de ella sin dañar el medio ambiente.

Derecho a una alimentación de calidad, libre de conservantes y productos químicos que dañen la salud.

Derecho a respirar aire limpio de contaminantes que no dañe la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables.

Derecho a tener acceso a la energía que garantice su bienestar, basada en fuentes renovables que mantengan la sosteniblidad.

Derecho a no sufrir un ruido lesivo que impida el normal desarrollo de las actividades y del sueño.

Derecho a una movilidad sostenible. Se debe garantizar el derecho a desplazarse a pie y en bicicleta.

Derecho a un transporte público garantizado.

Derecho de las personas discapacitadas a la accesibilidad, punto fundamental para su integración social.

Derecho a la información y a la participación en materia de medio ambiente, urbanismo y ordenación del territorio.
Para hacer posibles estos derechos es necesaria una ordenación del territorio que garantice los mejores usos de éste con vistas a satisfacer las necesidades de la ciudadanía, sin dañar al medio ni a las especies silvestres que lo habitan, y que garantice la conservación de los espacios naturales protegidos. A la par y, dada la naturaleza global de este planteamiento, los derechos van necesariamente acompañados de deberes que impliquen el respeto por los derechos de los demás, lo que en este caso se traduce en el respeto por el medio ambiente y en la búsqueda de formas de vida que garanticen la sostenibilidad.

DERECHO A LA PLENA IGUALDAD
Hoy en la Comunidad de Madrid la desigualdad es la norma y, sin duda alguna, las mujeres representan esa norma como ningún otro sector social. Suponen el 52 por ciento de la población de nuestra Región. Sin embargo, sólo el 57,3 por ciento de las mujeres en edad de trabajar son población activa, 15 puntos porcentuales menos que los hombres. En Madrid, las mujeres deben trabajar 418 días para ganar lo que un hombre consigue en 365. La brecha salarial de es de un 27,5%, 5 puntos por encima de la media estatal. Las mujeres son destinatarias de la mitad de los contratos temporales y el 75 por ciento de los contratos a tiempo parcial. En una situación de salarios más bajos, más temporalidad y más contrato a tiempo parcial, se añaden además mayores dificultades para conciliar vida laboral y familiar, y una presencia mucho mayor de mujeres al frente de unidades familiares mono parentales. En el 2007, antes de que estallara la crisis, la tasa de riesgo de pobreza afectaba ya al 14,3 por ciento de las mujeres, frente al 12,3 por ciento de los hombres.

Derecho a que se promuevan los mecanismos adecuados que eviten la reproducción de roles tradicionales asignados a las mujeres y a que se garanticen todas las medidas y recursos necesarios para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Derecho a la coeducación.
Derecho a la conciliación de la vida laboral, social y familiar con políticas efectivas y el desarrollo de servicios socio comunitarios que permitan a las mujeres su pleno desarrollo profesional.

Derecho a la igualdad de salarios, a programas públicos que fomenten el empleo, al incremento de la tasa de actividad femenina y la calidad en el empleo

Derecho al acceso a unos servicios sociales de calidad y a programas específicos de apoyo en caso de mujeres con responsabilidades no compartidas y con recursos socioeconómicos escasos.

Derecho a una atención y acogimiento adecuado de mujeres víctimas de malos tratos, agresiones sexuales, situación de trata, independientemente de su situación administrativa. Las administraciones local y autonómica deberán garantizaran, para hacer efectivo este derecho, recursos suficientes, prestaciones de calidad y acceso a asociaciones especializadas, y a todos los dispositivos existentes. Al mismo tiempo, se impulsarán medidas efectivas de prevención de la violencia de género entre toda la población.

Derecho a programas de prevención y promoción de la salud, que favorezca el auto cuidado y un mayor conocimiento a los largo de todo el proceso vital.

Derecho a una salud sexual y reproductiva sin ningún tipo de obstruccionismo y con acceso pleno y gratuito a medios anticonceptivos.
Pleno respeto a la capacidad de decisión de la mujer sobre su embarazo y garantía del derecho al aborto en la red pública sanitaria de manera que ninguna mujer tenga que desplazarse lejos de su domicilio habitual para hacer uso de dicho derecho.

DERECHO A LA LIBERTAD DE ORIENTACIÓN
E IDENTIDAD SEXUAL

La política de la Comunidad en este campo es claramente vulneradora de los principios de igualdad entre las personas con independencia de su orientación sexual.
Derecho a la integración plena, efectiva e igualitaria en los ámbitos educativo, social y laboral de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Este derecho se debe garantizar no sólo mediante la igualdad jurídica, sino, también, por el impulso de medidas antidiscriminatorias que contribuyan a la igualdad de oportunidades y a la eliminación de prejuicios.

Derecho a una educación sexual completa desde la infancia, adaptada a los periodos de madurez según la etapa vital y tratada de forma reglada, a fin de evitar no sólo los embarazos no deseados, sino actitudes homófonas, tránsfobas o bífobas, así como sexistas.

Derecho a una información veraz y en igualdad de oportunidades de las diversas realidades familiares y sexuales.

Derecho a la plena normalización de la realidad LGTB en los centros educativos, favoreciendo su presencia en los planes de estudio, creando tutorías que contribuyan a luchar contra las agresiones, tanto físicas como psíquicas, orientando al alumnado que lo solicite, elaborando guías de recursos para la acción tutorial, y realizando actividades que faciliten la eliminación de prejuicios y las lagunas de información.

DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

Todas las personas son iguales, como iguales son sus creencias. El Estado debe velar por mantener una laicidad que favorezca la convivencia social de todo tipo de creencias siempre y cuando, éstas, respeten los derechos y libertades fundamentales.

Derecho a no de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación oficial.

Derecho a unirse o a renunciar formalmente a una adscripción religiosa con la cancelación de sus datos personales.

Derecho a que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente independientemente de connotaciones religiosas. Para ello es necesario suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos y espacios de titularidad pública.

Reclamamos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sea independiente de cualquier jerarquía religiosa.

Que se eliminen las ayudas económicas estatales de toda índole para el culto a las distintas confesiones religiosas.

Derecho a la no imposición de símbolos religiosos en actos oficiales.

DERECHO A LA MEMORIA

Más de 70 años han pasado y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación efectiva de las víctimas del franquismo sigue siendo una necesidad de la ciudadanía consigo misma. La simbología del franquismo aún permanece en espacios de toda índole. La llamada “Ley de Memoria histórica” fue un paso, pero el camino por hacer sigue siendo largo. Sigue siendo necesario declarar un día oficial de conmemoración de la defensa de Madrid, uno que incluya el homenaje a los soldados y civiles muertos en defensa de la Democracia y a las víctimas del Golpe de Estado, de la Guerra, el Exilio y la Represión franquista.

Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación efectiva de las víctimas del franquismo.

Derecho a reconocer en el calendario oficial y en el callejero, fechas, nombres y actos que demuestren el compromiso de la ciudadanía con la libertad y el régimen elegido por ésta democráticamente en 1931, la república.

DERECHO AL DESARROLLO

A pesar de que cada vez es mayor el número de ciudadanos nos sentimos en la responsabilidad de participar de algún modo en la creación de un nuevo orden global más justo, la Comunidad ha aprovechado las presupuestos de 2011 para afeitar el dinero destinado a cooperación. Se vuelve así a la idea de que cooperación es poco más que caridad, cuando de lo que se trata es de asegurar el desarrollo de las personas como el mejor medio para garantizar un desarrollo humanamente sostenible del conjunto de los seres humanos.
La estabilidad en estas políticas de cooperación es necesaria para poder llevar a cabo una estrategia a largo plazo que permita un verdadero desarrollo y autonomía de los pueblos del Sur.

Que se destine el 0,7% de los presupuestos generales autonómicos a la Cooperación al Desarrollo.

Derecho a una información suficiente y veraz sobre los proyectos de desarrollo. Debemos poder exigir responsabilidades a la administración y personal a su servicio, así como a las entidades de cooperación al desarrollo de los que fuera socio, cuando lo considere oportuno.

Derecho a participar en los órganos de representación del sistema público de servicios sociales y en órganos de participación que existieran en el ámbito de la iniciativa privada.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

El Derecho a la Información pertenece constitucionalmente a la ciudadanía, y eso obliga a empresas y periodistas a ofrecer información veraz y plural, al servicio de ese derecho ciudadano.
En la Comunidad de Madrid sucede lo contrario. Mientras la concentración de medios privados y la marginación de medios comunitarios limitan el pluralismo, la sistemática manipulación de los Medios Públicos degrada la calidad informativa y la democracia con contenidos al servicio de las políticas neoliberales del Gobierno autonómico y de su liquidación de servicios públicos como la educación y la sanidad.

Derecho a una información libre, veraz y plural.

Derecho a que la profesión periodística, como depositaria del mismo, lo ejerza con independencia de todos los poderes (políticos, económicos, religiosos y, por supuesto, mediáticos) y con la responsabilidad que exige su función social de informar al servicio de la ciudadanía.

Derecho a que las empresas de comunicación, también mediadoras en la práctica cotidiana de ese derecho, no subordinen la información a sus intereses mercantilistas y respeten la independencia y pluralidad de sus profesionales para hacer realidad la función social informativa que comparten.

Derecho a la existencia de Medios de Comunicación Públicos, amparados por una regulación legal que garantice su pluralismo, su independencia de los Gobiernos de turno y el acceso de las voces diversas de nuestra compleja sociedad; todo ello al servicio de una programación digna y de calidad.

Derecho a la existencia de medios comunitarios que refuercen la pluralidad informativa al servicio de la ciudadanía, y garantizada por las condiciones legales y materiales necesarias para nacer y desarrollarse.

Derecho a acceder a Internet como medio de acceso a la información y medio de expresión, individual y social, garantizado mediante el despliegue de una red de banda ancha adecuada e igualitaria a todas regiones.

Participan en esta iniciativa las siguientes entidades:

Acción en Red (Madrid), APDHE, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación de Mujeres para la Salud, Asociación de mujeres por un envejecimiento saludable, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Campaña en defensa del parque de la Cornisa, CEAR, CIVES, CCOO de Madrid, COGAM, Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid, Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid, Coordinadora para la Memoria Histórica y Democrática de Madrid, Coordinadora Verde de Madrid, El observatorio, El foro por Orcasitas, El Centaurea, Enclave feminista, Europa Laica, FADEMUR, FAPA Fco. Giner de los Ríos, Federación Autónoma de Asociaciones de Estudiantes, Federación de Mujeres Progresistas, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FERINE, Fundación Socialismo Sin Fronteras, Jóvenes de Izquierda Unida, Juventudes Socialistas, Justicia y Paz de Madrid, Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Mujeres Jóvenes, No Nos Resignamos, Paz Ahora, Plataforma contra el pago por el préstamos de libros, Redes Cristianas, Sindicato de Periodistas de Madrid, SOS Racismo, Taller de Cultura Laica, Transversales, UGT de Madrid, Unidad Cívica por la República.

PARA ADHERIRSE Y COLABORAR PODÉIS DIRIGIROS A:
forosocialmadrid@yahoo.es

POR UNA CARTA DE DERECHOS DE CIUDADANÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID